En los últimos acontecimientos, la Comisión Europea ha reiterado que la cuestión de Cataluña es un asunto interno de España. Y ello a pesar de la petición del comisario de Justicia, Didier Reynders, al Gobierno español de más información sobre la propuesta de ley de amnistía para los condenados en el proceso independentista catalán.
La petición de Reynders, por otro lado, iba dirigida al Gobierno en su conjunto, y no específicamente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a Junts, responsables de la negociación de la propuesta.
Es importante señalar que la Comisión Europea ha mantenido sistemáticamente que la situación en Cataluña es un asunto interno de España, tanto durante el referéndum como en la posterior crisis en torno al movimiento independentista catalán.
Bruselas se ha adherido a la posición de que se trata de una «cuestión interna» de España que debe abordarse en el marco de la Constitución española.
Petición de información de Reynders
El comisario Reynders expresó su «seria preocupación» por los debates en curso en torno a la posible aprobación de una ley de amnistía. Cabe mencionar que Reynders se había abstenido previamente de hacer comentarios sobre el asunto hasta que se dispusiera de un texto legal y se aclararan los posibles vínculos con la malversación o el desvío de fondos.
A pesar de ello, el comisario liberal belga, percibido como próximo al Partido Popular Europeo (PPE), el partido de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, solicitó detalles sobre el «alcance personal, material y temporal» de la propuesta de ley a los ministros en funciones de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños y Pilar Llop, respectivamente.
Este movimiento del Comisario Reynders ha sorprendido a muchos en Bruselas. Diversas fuentes comunitarias lo ven no sólo como una táctica de presión, programada para coincidir con la finalización del acuerdo entre el PSOE y Junts en Bruselas, sino también como un cambio de tono estratégico y una injerencia en la política interna.
Además, llega en un momento especialmente complicado, con pequeños grupos de extremistas de extrema derecha organizando disturbios en las calles de Madrid.
Una fuente de alto nivel de la UE describió la carta como «asombrosa» y sugirió que da la impresión de un intento de interferir en un proceso democrático de un Estado soberano, en particular uno muy polarizado.
La respuesta del Gobierno español
El PSOE subraya que el pacto alcanzado con los nacionalistas catalanes de Junts no es sólo un pacto para la investidura, sino un pacto para toda la legislatura, que garantiza la estabilidad durante cuatro años. El acuerdo incluye la amnistía para todas las personas implicadas en el proceso de secesión catalán, así como el establecimiento de una mesa de diálogo con un mediador internacional.
La Comisión Europea defiende la petición de información de Reynders, considerándola un procedimiento «normal» que se da con frecuencia entre homólogos. El portavoz de la Comisión responsable de asuntos de justicia señaló que muchos ciudadanos y partes interesadas se han puesto en contacto con la Comisión Europea en relación con la cuestión de la amnistía.
Sin embargo, la Comisión no ha especificado el número de consultas recibidas ni si proceden de grupos políticos u organizaciones de presión.
Precedentes y comparaciones
La Comisión Europea argumenta que ha habido peticiones de información similares sobre debates de amnistía en otros Estados miembros, citando los casos de Polonia, Rumanía y Bulgaria. No obstante, en general, estas solicitudes se realizan una vez que se dispone al menos de un proyecto de texto legal o cuando se presenta a los respectivos parlamentos nacionales.
Por ejemplo, la polémica ley Tusk en Polonia, promulgada por el gobierno conservador de Ley y Justicia (PiS), creó un comité especial para investigar la injerencia rusa en el país entre 2007 y 2022. Este comité examinaría las decisiones tomadas por políticos y periodistas durante ese periodo. La oposición afirmó que la ley parecía hecha a medida para apuntar al entonces Primer Ministro, Donald Tusk.
Las situaciones de Rumanía y Bulgaria difieren del caso español, ya que entran en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación. Este mecanismo evalúa los progresos de estos dos Estados miembros en materia de reformas judiciales y medidas anticorrupción. Se trata de un mecanismo de auditoría que se puso en marcha tras su adhesión a la UE y que se ha considerado cumplido este año.
Conclusión
Aunque la Comisión Europea mantiene que la cuestión de Cataluña es un asunto interno de España, la petición de información del comisario Reynders sobre la propuesta de ley de amnistía ha levantado ampollas y desatado especulaciones. Bruselas defiende la actuación de Reynders como un procedimiento normal, citando anteriores investigaciones realizadas en otros Estados miembros.
Sin embargo, el momento elegido y la posible interferencia en la política interna han causado preocupación entre algunos funcionarios de la UE. El Gobierno español, por su parte, destaca el pacto alcanzado con Junts como un acuerdo a largo plazo, con el objetivo de garantizar la estabilidad y abordar la compleja cuestión del proceso de secesión catalán.
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