La conflictividad social en Argentina se hace más intensa con la convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) a una huelga nacional, la primera que los sindicatos peronistas declaran al presidente Mauricio Macri.
Buenos Aires amaneció vacía y con sus ingresos más importantes amenazados por cortes de los movimientos sociales más combativos, que no acataron la decisión sindical de hacer un paro sin movilizaciones, piquetes ni manifestaciones.
La huelga se convirtió rápidamente en un pulso entre el Ejecutivo y la oposición y demostró la propia división dentro del mundo sindical, donde algunos querían mucha más dureza y otros dudaron hasta el final antes de convocar este paro. El intento de algunos piquetes de cortar los accesos principales a la capital acabó con violentos enfrentamientos con la policía, que tenía la orden de impedir el bloqueo de las autopistas.
Sin autobuses, taxis, metro ni aviones; sin escuelas ni universidades (en medio de otra doble jornada de paro docente); con los hospitales funcionando solo para las guardias médicas; sin bancos, ni recolección de basura, el éxito parecía garantizado. Sin embargo, algunos comercios abrieron sus puertas y aquellos que decidieron trabajar encontraron maneras para desplazarse en la ciudad.
La medida que ha sido calificada como «contundente» por la cúpula de la CGT, llega en una fecha especial, en pleno desarrollo del Foro Económico Mundial (WEF), que ha traído a Buenos Aires a 1.200 representantes de empresas, ministros extranjeros, altos funcionarios y organismos internacionales. El Foro obligó a desplegar un gran operativo de seguridad. A pesar de que la convocatoria de los gremios no incluye movilización, varias organizaciones sociales desplegaron piquetes tanto en los accesos como en el centro de la ciudad y anunciaron una protesta en los alrededores del Hotel Hilton, lugar donde se realiza el WEF. En Panamericana y ruta 197 se desplegó un enorme operativo de seguridad que a media mañana desalojó por la fuerza el corte que hasta ese momento había dejado un carril liberado al tránsito. Cuatro activistas fueron detenidos y otros seis resultaron heridos.
El corte programado en el Puente Pueyrredón fue efectivo, pero no lo realizaron las organizaciones sociales de izquierda, sino la propia policía, que llegó con la orden de evitar que los manifestantes tomen la calle. Cerca de mil personas con banderas del Partido Obrero, el MST y el PTS, entre otros, fueron contenidos por dos filas de efectivos de la policía Federal, Bonaerense y Prefectura.
Vilma Ripoll, dirigente del MST, declaró que «el gobierno de Mauricio Macri, agrandado por la movilización del 1 de marzo cree que puede traer las fuerzas represivas a todos los cortes que deciden los sectores luchadores».
«Vinimos a hacer efectivo un paro que convocó la CGT presionada por sus bases. Hicieron una huelga pasiva y dominguera para volver a negociar con el Gobierno la paz social. Es una vergüenza la actitud de la CGT y el gobierno no va a poder ocultar la bronca de la gente por los tarifados, el desempleo y la suspensión de las paritarias trayendo a la policía», argumentó la exdiputada.
Jorge Sola, secretario de prensa de la central obrera, fue quien habló en nombre de la cúpula sindical. Evitó hablar de porcentajes pero declaró que el éxito de la huelga se da «aún sin los piquetes, una medida a la que no convocamos y lo hicieron sectores que responden más a perfiles políticos que sindicales».
La ministra de Seguridad, Patrica Bullrich, advirtió que el Gobierno garantizaría la libre circulación de personas. “Para nosotros hay un paro totalmente, en nuestra perspectiva, ilegítimo y sin sentido. Hay mucha gente que está planteando darle batalla a ese paro, una batalla de decir: a mí no me van a hacer parar a la fuerza», declaró.
Fuente: El País
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