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Juez de Los Ángeles dicta una orden de detención contra Luis Miguel

La corte de Los Ángeles le había enviado un ultimátum a Luis Miguel a finales de marzo: si no se presentaba el 17 de abril ante la audiencia que tenía por el caso de su exmánager, irían a por él. Este lunes ha llegado a la fecha límite y Luis Miguel no se ha presentado. Y la Justicia de Los Ángeles ha cumplido su promesa: una orden de detención contra uno de los divos más grandes de la música latina.

La peor pesadilla del artista se gestó en 2015. Los errores que cometió en esa temporada (cancelaciones de conciertos, de giras, incumplimiento de contratos) le han costado al cantante las demandas millonarias que tiene que enfrentar ahora. La que puede poner en riesgo su libertad lleva el nombre de su exmánager, William Brockhaus, según ha adelantado la cadena estadounidense Univision. Y, según la demanda a la que ha tenido acceso este diario, la cifra de la deuda con el que fuera su representante asciende a 1.043.483 dólares.

Brockhaus es un empresario texano a quien Luis Miguel le pidió en 2011 que fuera su representante por la amistad que tenía con su esposa, Michelle Salom, descendiente de una familia de sirios con influencia en la localidad fronteriza de Ciudad Juárez y amiga de Luis Miguel desde la infancia.

El empresario creó una firma sólo para dedicarse a la representación del cantante mexicano, WB Music Management, y dirigió desde ahí sus negocios, finanzas y hasta sus giras hasta 2014. En ese año, poco antes de los desplantes del artista, su relación se cortó porque, según el exmánager, Luis Miguel no le pagó los honorarios que le había prometido por contrato.

Para demostrarlo, los abogados de Brockhaus han solicitado al juez el permiso para interrogar a Joe Madera, quien fuera la mano derecha de Luis Miguel durante 25 años. Según una solicitud reciente enviada a la corte de Los Ángeles, Madera controlaba todo lo que tenía que ver con los negocios del cantante: desde las ventas, el personal a su cargo, la gestión de sus propiedades y hasta las transacciones bancarias y fuentes de ingresos.

Madera es un hombre clave para la defensa del exmánager, porque a través de su testimonio, Brockhaus podría obtener información para demostrarle a la corte que Luis Miguel tiene suficientes fondos para cubrir sus deudas. El asistente del cantante acudió a la corte este lunes, de acuerdo a la bitácora de la demanda. Los detalles de su presentación aún no han sido publicados.

Después de dos años de batallas legales en Estados Unidos, una juez de California concluyó el pasado 27 de enero que le debía ser embargado su vehículo Rolls Royce negro, del año 2013, para saldar la deuda. La semana pasada Luis Miguel aparecía, no obstante, conduciendo ese mismo coche por una de las calles más exclusivas de Los Ángeles.

La guerra emprendida por Brockhaus solo fue la primera. Con su propia discográfica, la misma con la que ha acumulado más de 100 millones de discos vendidos, tiene otro proceso abierto por una deuda de casi cuatro millones de dólares. Y a esta se suma otra de al menos siete millones que le pide el cantante Alejandro Fernández por una prometedora gira conjunta que nunca fue. En total, Luis Miguel acumula al menos 13 millones de dólares en deudas.

En noviembre de 2015 Luis Miguel y Alejandro Fernández, dos ídolos de masas en México y Latinoamérica, se reunieron en Punta Mita (Nayarit) para acordar una gira conjunta. La idea era que ambos se subieran a las tablas juntos entre abril y noviembre de 2016, con 50 eventos programados en México, Centroamérica y Estados Unidos. Luis Miguel exigió el pago anticipado de parte de las ganancias y cuando canceló la gira, nunca devolvió el dinero. Ahora Fernández exige una indemnización, además del reintegro.

El último de los golpes que enfrenta es una demanda de su propia discográfica, Warner Music, que asciende a 3.651.560 dólares. El documento, fechado el 8 de marzo de este año y elaborado por un juzgado de Los Ángeles recoge la aceptación de Luis Miguel. El artista reconoce en el escrito que tiene un pago pendiente desde 2014 de cuatro millones de dólares y que llegó a un acuerdo para dilatar la fecha del pago hasta el 30 de noviembre de 2015. Sin embargo, este nunca se produjo y se ve obligado a asumir la demanda de la multinacional.

Fuente: El País

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