En un hecho significativo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España ha dado un paso decisivo en su lucha contra la amnistía para los imputados en el proceso independentista catalán. El CGPJ, cuyo mandato expiró hace casi cinco años, ha enviado un mensaje contundente a Europa al oponerse a la medida de amnistía aprobada recientemente.
Declaración del CGPJ a Europa
El CGPJ ha enviado una declaración oponiéndose a la medida de amnistía a varias personalidades europeas, entre ellas Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, y Vera Jourova, Vicepresidenta de la Comisión Europea.
Esta declaración también destaca los «graves episodios de ataque al Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial en España» que rodean la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El CGPJ asegura que el actual presidente ha negociado con un prófugo de la Justicia la impunidad de varios delitos, entre ellos la corrupción.
El acuerdo también suscita preocupación por las posibles investigaciones contra jueces, que serían llevadas a cabo por los partidos políticos en el Parlamento, violando así el marco que protege la independencia judicial.
Preocupaciones del CGPJ: Abolición del Estado de Derecho
El CGPJ, a través de su declaración, expresa su firme convencimiento de que la medida de amnistía y el pacto que la acompaña entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts per Catalunya suponen la abolición del Estado de Derecho en España.
El Consejo advierte de que la aprobación de una ley de amnistía tendría consecuencias nefastas para las instituciones democráticas del país. Esta posición se ve reforzada por la declaración institucional acordada por el CGPJ, donde se subraya que una ley de amnistía supondría la «abolición» del Estado de Derecho en España.
Además, el CGPJ también ha remitido el texto aprobado por la Comisión Permanente, donde se opone rotundamente a la creación de comisiones parlamentarias para investigar supuestos casos de fraude de ley, comprometiéndose a actuar dentro de los cauces legalmente establecidos.
Fuerte oposición de las asociaciones judiciales y fiscales
La referencia al «fraude de ley» en el acuerdo entre el PSOE y Junts ha provocado una fuerte oposición de varias asociaciones judiciales y fiscales. En un comunicado conjunto, las cuatro asociaciones de jueces más representativas, entre ellas la progresista Jueces para la Democracia, expresan su rechazo a esta referencia y a las posibles consecuencias de incorporar el concepto de lawfare al acuerdo.
Del mismo modo, las tres asociaciones de fiscales publican de forma independiente notas en las que expresan su oposición a la inclusión de este término. Además, el presidente en funciones del CGPJ convoca una reunión urgente de la Comisión Permanente para debatir el texto.
Amplias reacciones de los órganos judiciales
La oposición al acuerdo va más allá de las asociaciones judiciales y fiscales. Cerca de 80 jueces decanos de toda España, entre ellos los de Barcelona, Lleida, Girona, Madrid y la Audiencia Nacional, se han sumado al rechazo expresado por todas las asociaciones judiciales.
En su comunicado, también expresan su rechazo a las referencias al lawfare o a la judicialización de la política y sus posibles consecuencias. Otras entidades, como el Colegio de Abogados de Madrid, también han emitido declaraciones similares.
Llevar la batalla a Europa
En respuesta a la fuerte oposición de la judicatura, el CGPJ ha decidido escalar la cuestión a nivel europeo. Enviando sus declaraciones y textos a figuras europeas clave, incluyendo al Presidente de la Comisión Europea y al Presidente del Consejo Europeo, el CGPJ pretende concienciar sobre las amenazas al Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial en España.
Además, el CGPJ se ha puesto en contacto con el Presidente de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, destacando los graves desafíos a los que se enfrenta el sistema judicial español.
Conclusión
La batalla por el Estado de Derecho en España se intensifica a medida que el CGPJ se moviliza contra la medida de amnistía y el pacto entre el PSOE y Junts. La firme postura del poder judicial contra la posible abolición del Estado de Derecho y la erosión de la independencia judicial envía un poderoso mensaje tanto al gobierno español como a la comunidad internacional.
Mientras la lucha continúa, queda por ver cómo responderá Europa a estas preocupaciones y las implicaciones para el futuro del sistema judicial español.
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