Para Agustín (nombre ficticio) pedir asilo se volvió una pesadilla que parece no tener fin. Entró a Estados Unidos con una visa de turista y le autorizaron 180 días de permanencia. Poco antes de vencer el plazo y tener que regresar a su país, pidió asilo. Pero no lo hizo ante la oficina correspondiente. Eso desencadenó una serie de problemas que todavía hoy, cuatro años después, sigue lamentando.
Agustín no se llama Agustín. Pidió mantener su nombre bajo reserva porque se encuentra libre bajo supervisión del gobierno en medio de un proceso de deportación.
Cuenta que en 2019 arribó a Estados Unidos procedente de Centroamérica con una visa B2 y le dieron admisión. El Formulario I-94 se indicaba que tenía 180 días autorizados de permanencia legal.
“Entré con mi visa y todo estaba en regla. Pero cuando se iba a cumplir el plazo que me dieron, mi familia me llevó a una oficina del gobierno para pedir asilo. Ahí me dijeron que no era el lugar donde tenía que hacerlo, me tomaron los datos y me fui de ese lugar”.
Cuando se cumplieron los seis meses autorizados por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), “recibí una llamada de ese lugar y me dijeron que tenía que presentarme con mi pasaporte. Eran los tiempos del presidente Trump. Cuando lo revisaron, me dijeron que estaba ilegal y me arrestaron”, cuenta Agustín.
A la pregunta respecto a qué oficina fue donde pidió asilo, el inmigrante responde con cierta ironía: “En vez de llenar un formulario de asilo con el servicio de inmigración, me llevaron a una oficina de ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas -ICE-, agencia encargada de las deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional -DHS-). “Ahí mismo se acabó mi sueño”, precisó.
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